Al igual que en años precedentes, el sábado 17 de agosto vamos a celebrar Marea Horia 2024 en las playas de Gorliz y Plentzia.

El acto tiene un doble objetivo. Por un lado, queremos poner de manifiesto la dura realidad que viven millones de personas en todo el mundo que, por diversas razones, se ven obligadas a abandonar sus países de origen para emprender un camino lleno de peligros y dificultades para llegar a Europa. Por otro lado, instar a nuestros gobiernos y organizaciones a adoptar políticas migratorias y de acogida que
respeten los derechos humanos recogidos en los tratados internacionales.

Las migraciones forzadas son procesos dolorosos que emprenden quienes, inmersos en fuertes crisis, buscan una vida digna y oportunidades, aun arriesgando su vida, como ponen de manifiesto las casi 60 mil personas que han perdido la vida en los últimos 10 años, según la Organización Internacional de Migraciones.

Los países industrializados no somos ajenos a estas crisis. Llevamos siglos saqueando sus recursos, con la connivencia de dirigentes corruptos de sus propios países, para hacer posible nuestros modelos de vida insostenibles que generan crecientes desigualdades sociales,
violencia, conflictos y guerras. Esas son la causa principal de las crisis humanitarias y ambientales cada vez más intensas que están en el origen de los desplazamientos forzosos.

Las políticas en materia migratoria de las
instituciones europeas no están afrontando las verdaderas razones de los procesos migratorios.
En lugar de contribuir a crear las condiciones económicas y sociales para no tener que salir de manera forzada de sus países de origen, de establecer políticas migratorias basadas en el respeto a los derechos humanos, gestionadas de
manera ordenada y legal, criminalizan el derecho a migrar, tal y como se pone de manifiesto en el recién aprobado Pacto sobre Migración y Asilo de la UE.

Como señalan las organizaciones sociales
especializadas que trabajan en este campo, este acuerdo no es más que la continuación e intensificación de las políticas de contención y disuasión aplicadas hasta la fecha, cuyo núcleo
central es el rechazo arbitrario en las fronteras y las expulsiones, que hará retroceder durante decenios el derecho de asilo europeo, con el resultado de un aumento del sufrimiento en cada paso del viaje de quienes busquen asilo en la UE.

En esta edición de Marea Horia 2024, además de denunciar la política migratoria de la Unión Europea, hemos querido detenernos en las medidas de acogida una vez que las personas inmigrantes han llegado a nuestro territorio. Como sabéis, estas últimas semanas los medios de comunicación se han hecho eco de la presencia de decenas de jóvenes migrantes acampados en los bosques en torno a Getxo y Uribe Kosta.

Consideramos que este problema hay que
abordarlo desde el conjunto de las instituciones -gobierno español, gobierno vasco, diputaciones forales, mancomunidades, y ayuntamientos- y no solamente desde los municipios afectados, como ya se ha señalado desde alguna de las alcaldías.

No es admisible que estas personas no tengan garantizada, como mínimo, la alimentación básica, a través de las tarjetas de comedor, y que tengan que esperar un tiempo indeterminado para acceder al padrón social, un derecho que ya está recogido por la legislación vigente, pero que se está incumpliendo de manera sistemática.

Por lo tanto, exigimos que se garantice ya el acceso a la tarjeta de comedor para todos ellos y que sean empadronados en un plazo no superior a tresmeses, como ya se está haciendo en otros ayuntamientos, como el de Bilbao. Para ello, es necesario que las citas no superen las dos o tres semanas, reforzando el personal de los servicios sociales, si es preciso. Igualmente, consideramos conveniente la adecuación y la apertura, de manera permanente, del albergue de Berango.

Porque el padrón municipal no es solo un papel, es la puerta de entrada para el acceso a muchos derechos. Sin padrón es muy complicado disponer de tarjeta sanitaria para el acceso a un ambulatorio de referencia, o a la educación básica de menores.

No se puede tener acceso a cursos de Lanbide o a prestaciones sociales básicas. Sin el padrón municipal no se inicia el periodo para la obtención de residencia que pondría fin la situación de irregularidad administrativa.
Además de aquellas personas sin domicilio conocido, también para muchas otras resulta complicado, incluso imposible, conseguir el padrón, como es el caso de quienes viven en un piso por solidaridad, parentesco, o amistad; de las trabajadoras de hogar y cuidados en régimen interno cuyas familias no les reconocen el derecho a empadronarse; o de las personas que viven en alquiler a quienes el propietario impide empadronar.

Por lo tanto, solicitamos a las instituciones vascas -al gobierno vasco, a las diputaciones forales, a las mancomunidades y a los ayuntamientos- que adopten las medidas necesarias para cubrir las necesidades básicas de las personas inmigrantes presentes en nuestros municipios, y a la Asociación
de Municipios Vascos (EUDEL), la puesta en marcha de un protocolo que garantice el
empadronamiento de todas las personas que viven en nuestros municipios y que no pueden hacerlo por los requisitos actualmente exigidos.
Esta petición cuenta con el apoyo de más de 90 entidades sociales vizcaínas que abogamos por una Euskal Herria solidaria, con derechos y respeto a la diferencia, y construida con personas de muy diversa procedencia que hoy conforman nuestras sociedades cada vez más heterogéneas y complejas.