En el año 1581 se vivió en Irún un episodio relacionado con la presencia de una esclava en la comarca fronteriza. Cuenta el historiador Jose Antonio Azpiazu que, con ocasión de haber pasado un gran número de vecinos y vecinas de la comarca a la cercana población vascofrancesa de Urruña para acudir a la romería de San Vicente, en el grupo se coló una esclava mulata llamada María. Esta era propiedad de un mercader que la había enviado a su casa como chica de compañía de su esposa desde hacía unos meses. El caso de la mulata María dividió a la población y a las autoridades fronterizas. La libertad con la que se movía transgredía la normativa que prohibía el paso fronterizo a las personas esclavizadas.

El problema se suscitó cuando medió una denuncia, lo que obligó a indagar entre los testigos y buscar un chivo expiatorio en el gabarrero, encargado de la barcaza utilizada para el paso a Francia.

A ambos lados de la frontera vivían comunidades en estrecha relación. En ocasiones, como las romerías, las fronteras se anulaban y ambas comunidades se mezclaban en una celebración que atraía mucha gente.

Precisamente es esta dificultad de controlar la frontera en estas ocasiones lo que provoca el contencioso con María. Prácticamente todos los acompañantes de María sabían de su condición y había una aceptación social ante el hecho de que formara parte, como una más, de las actividades y la forma de vida existente. El testimonio del principal inculpado, el gabarrero Juanes de Uscanga, deja entrever que no fueron ni dos ni tres las veces que María estuvo en Francia, sino que se trataba de un viaje muy repetido que, además, era de dominio público en Irun.

Irun y otras poblaciones cercanas a la frontera fueron un lugar de excepción tanto para ver el paso de personas esclavizadas de origen africano en ambas direcciones, como para observar la reacción social ante quienes se fugaban rumbo a Francia.

Militares y representantes reales acostumbraban a tener personas esclavizadas a su servicio y aprovechaban la cercanía de Francia y el trabajo de los intermediarios locales para comprar esclavos guineanos robados por la piratería atlántica a la corona española y luego venderlos nuevamente en la península.

Muchos de los vecinos de estas poblaciones fronterizas eran marineros y pescadores, acostumbrados a enrolarse en empresas conjuntas para las pesquerías de Terranova, por lo que el paso de personas esclavas, utilizando el tránsito marítimo, se podía realizar con casi total impunidad. En el tráfico de personas intervenían, tanto altos cargos de la administración de la corona, como naturales de ambos lados de la frontera, saltándose la ley que prohibía el paso de personas esclavizadas.

Los vascos no fueron, por tanto, únicamente testigos de excepción de estas escenas, sino que muchos se lucraron con ello participando en hacer efectivo el paso de personas esclavizadas con destino a los mercados de la península y, también, participando en la persecución de quienes trataban de cruzar al otro lado de la muga.

La frontera vasca era un punto de referencia para las y los esclavos fugitivos que anhelaban la libertad, puesto que, en su opinión, Francia les brindaba la posibilidad de escapar de la esclavitud. Pero en este tránsito, el País Vasco era un punto de referencia tan deseado como temido. Se ocultaban en los montes y buscaban el apoyo de grupos de vasco-franceses que encontraban cerca de la frontera. Eran conscientes de que debían tener cuidado no solo de las autoridades, sino también del conjunto de la población vasca de este lado del Bidasoa.

En la cárcel provincial de la frontera se encerraba a personas esclavizadas fugitivas, o esclavas que no habían obtenido el permiso de paso. Algunas de ellas habían sido retenidas por la fuerza por población vasca con la esperanza de cobrar una recompensa de sus dueños. Venían marcados a fuego con distintas señales que quienes se fugaban trataban de ocultar, ya que había vascos de frontera auténticos expertos en detectar la presencia de algún esclavo fugitivo buscando en su rostro las marcas de esclavitud.

La memoria esclavista aporta indicios de que la población vasca, como probablemente ocurría en otras sociedades de la época, mantenía diferentes posicionamientos en relación a las personas esclavizadas que vivían o estaban en tránsito en su tierra. En relación con la doctrina oficial, que contemplaba la presencia de estas minorías como perjudiciales para la pureza y la supervivencia del pueblo vasco, había quienes mantenían una actitud de rechazo y dispusieron todos los medios a su alcance para expulsarlas, eliminarlas, o explotarlas en beneficio propio.

Junto a ello, y como en el caso de María, también hay indicios de una parte de la población vasca que estaba dispuesta a convivir en condiciones de igualdad con las personas de origen africano y cuando se producía una situación en la que alguna de ellas era llevada ante las autoridades por el mero hecho de ser esclava, paralelamente se observaba un movimiento de simpatía por parte de otros sectores dispuestos a defenderla y negar su condición de esclava.

El pasado 14 de marzo, durante la celebración popular de la Korrika a favor del euskera, como María durante la romería de Urruña, varias personas de origen africano sin libertad de movimiento, cruzaron la frontera de Irun, participando del evento en compañía de muchas personas vascas de uno y otro lado de la frontera; una frontera que nunca debió estar ahí porque divide artificialmente al pueblo vasco y porque es espacio Schengen, lo que debiera garantizar la posibilidad de viajar sin restricciones por el territorio de la Unión Europea.

Sin embargo, así como en el pasado el gabarrero fue culpado de haber colaborado en la transgresión de la ley que prohibía el paso fronterizo a las personas esclavizadas de origen africano, el próximo 28 de enero 7 personas activistas serán juzgadas por acompañar a personas que estaban en procesos migratorios durante la Korrika. Varios actores sociales, sindicales y políticos, entre ellos Ongi Etorri Errefuxiatuak, han puesto en marcha la campaña «J’Accuse» para denunciar este nuevo caso de criminalización de la solidaridad que pretende violar el derecho a la libertad de movimiento de las personas que se desplazan por causas forzadas provocadas por las mismas potencias que no tienen ningún escrúpulo para esquilmar sus recursos y despojarles de su modo de vida en sus comunidades de origen, a la par, que limitar su derecho a migrar y al asilo con el fin de obtener un excedente de mano de obra sin derechos a quienes explotar laboralmente y con los que regular el mercado laboral a favor de las élites económicas.

La memoria esclavista en la frontera de Irun nos recuerda que, tanto en el pasado como en el presente, quienes formamos parte del pueblo vasco tenemos la responsabilidad de decidir de qué lado queremos estar: si del lado de los derechos humanos para todas las personas o desde el de los privilegios para los mismos de siempre. Por ello, animamos a secundar la campaña de autoinculpaciones «J’Accuse» y a participar en la marcha de Ficoba (Irun) a Hendaia del próximo domingo 26 de enero a las 11:30.

Cristina Garcia de Andoin Martin, Ongi Etorri Errefuxiatuak y Caravana Abriendo Fronteras-Mugak Zabalduz Karabana.

Publicado en Naiz, 20/01/2025