Bilbao, a 3 de febrero de 2020.- Las Plataformas Ongi Etorri Errefuxiatuak de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, han decidido no firmar el Pacto Social Vasco para la Migración, presentado por el lehendakari Iñigo Urkullu el pasado mes de noviembre.
La decisión se ha tomado por consenso explícito y será revisable en un futuro, tras contrastar la coherencia de los compromisos firmados por las instituciones vascas y los partidos firmantes, con sus prácticas políticas y el impacto en las vidas de las personas migrantes que conviven en nuestra comunidad. Los controles policiales según el perfil racial, las trabas al empadronamiento, las necesidades de acogida no cubiertas y el apoyo institucional a la industria y el comercio armamentístico son un ejemplo de las cuestiones en las que pondremos el foco.
Desde su creación en febrero de 2016, Ongi Etorri Errefuxiatuak nació con vocación de movilizar a la mayoría social en el compromiso de defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas, la acogida digna y denunciar las causas de los desplazamientos forzados, como son las políticas económicas y comerciales de los gobiernos de la UE. Las cien organizaciones sociales y las personas activistas que, desde diferentes grados de compromiso, integran la plataforma de forma voluntaria compartiendo su tiempo y sus bienes, son un reflejo de la diversidad y de la vocación de pacto social que conlleva desde su origen la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak.
Por lo tanto, no consideramos necesario suscribir un nuevo pacto y/o compromiso que, a diferencia del anterior, se construye de arriba hacia abajo con el riesgo que conlleva de legitimar políticas y actuaciones institucionales con las que hoy por hoy discrepamos.
Nuestra diversidad explica que haya organizaciones firmantes del pacto y otras que no en el seno de OEE, y que a la vez, esto sea compatible con la decisión y la mirada de la plataforma en su globalidad.
Algunas de las cautelas expresadas en relación al pacto tienen que ver con la falta de un análisis previo del contexto y de las causas que obligan a las personas a migrar, con la atribución confusa de responsabilidades y la omisión de necesidades presupuestarias.
El abismo que separa lo que se dice de lo que se hace en cuestiones como la construcción del muro en el puerto de Bilbao, las expulsiones en caliente en Irun, los derechos de las empleadas de hogar internas y los manteros, la reforma de la RGI, la acogida integral y los presupuestos en educación para la integración de alumnado migrante, ha sido un factor determinante.
Por último, la ausencia de referencias al espacio comunitario y español como la derogación de la ley de extranjería y los acuerdos de subcontratación del control migratorio con países como Marruecos, han sido otras de las críticas vertidas.
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