Una vez más, consecuencia de la política de cierre de fronteras de la UE, el sábado 12 de marzo se ha producido la desaparición de un joven migrante en el Bidasoa cuando trataba de cruzar la frontera. Además, este fin de semana 44 personas, procedentes de Costa de Marfil, Senegal y Guinea, han muerto en un naufragio en el Atlántico intentando llegar a Canarias, y otras 19 originarias de Egipto y Siria, en el Mediterráneo frente a la costa de Libia. Ninguna muerte debe quedar sin respuesta.

Denunciamos las causas que obligan a las personas a dejar su lugar de origen: las guerras y dictaduras impuestas; el modelo económico que expolia y esquilma sus recursos; la crisis climática que provoca la degradación del hábitat en estos mismos países y el consumismo desmedido de los países ricos.

La política migratoria de la UE persigue la criminalización del derecho a migrar, que por un lado, justifica el cierre, la externalización de fronteras o los planes de contención migratoria, provocando la muerte de miles de personas cada año, y por otro, dicta leyes que suponen la institucionalización del racismo, dando lugar a la existencia de millones de personas sin derechos y una mano de obra sobreexplotada. El  derecho a migrar y al asilo son papel mojado en esta Europa Fortaleza. El derecho a la Protección Internacional aplicado a las personas refugiadas de Ucrania debe ser aplicado a todas las personas forzadas a migrar cualquiera que sea su país de origen.

Euskal Herria también es parte de esta política que provoca muertes. Durante el año 2.021 y lo que llevamos de 2022 nueve personas han muerto por causas violentas intentando cruzar nuestra frontera y queremos mostrar la indignación que sentimos por la indiferencia y abandono por parte de nuestras instituciones, inacción que les hace cómplices de estas políticas que matan.