En Bizkaia se puede estimar que hay más de 10.000 vecinos y vecinas en situación administrativa no regularizada. Personas sin papeles, invisibles en muchos ámbitos de la administración. Muchas de estas personas, vecinas nuestras, porque viven aquí, en los mismos pueblos y barrios, no tienen siquiera la opción de empadronarse; no figuran en ninguna estadística, oficialmente no existen y por ello no tienen reconocido ningún derecho.
Impuestos sí que pagan, cada vez que compran comida, ropa o contratan cualquier servicio como la luz, el agua o el transporte; impuestos indirectos, que sostienen gran parte de los servicios públicos.
No pueden contribuir con impuestos directos (IRPF), ni pueden cotizar a la Seguridad Social porque quienes «contratan» sus servicios, empresas o particulares, lo tienen que hacer de manera ilegal, sin pagar cotizaciones sociales ya que la Ley de Extranjería impide su contratación durante, al menos, los tres primeros años de estancia en el país.
Muchas familias vascas conocen de cerca esta situación pues gran parte de la atención a las personas mayores y de los trabajos del hogar los realizan mujeres sin papeles. Y tenemos que reconocer, como sociedad, que conocemos casos de familias y empresas que se aprovechan de dicha irregularidad a la hora de pactar las condiciones de trabajo. La Ley de Extranjería no permite la contratación legal pero no obliga a no respetar los derechos laborales (horarios y sueldos) de las personas que trabajan. La prohibición de contratación marcada por la Ley de Extranjería y las necesidades de vivir, facilitan que personas sin escrúpulos se aprovechen y obtengan beneficios económicos de ello.
La regularización de cada una de estas personas supondría un incremento medio de 3.250 euros anuales en su aportación a las arcas públicas. Esta es una prueba de que el no hacerlo obedece, por un lado, al racismo institucional y, por otro, al interés económico particular de quienes se benefician del trabajo realizado por las personas sin papeles en condiciones de sobreexplotación. La persistencia en el tiempo de esta situación no tiene explicación desde el punto de vista del interés general. El Estado social y de derecho hace aguas por los cuatro costados manteniendo esta situación.
En alguna medida toda la sociedad somos responsables del mantenimiento de esta situación injusta. Lo hemos comprobado como nunca en los tiempos de pandemia. Muchas personas, las esenciales, las que nos han mantenido con aquellos trabajos imprescindibles, se encuentran en esta situación administrativa irregular y lo hemos tolerado.
Las personas no regularizadas no son «las otras», son parte del «nosotras y nosotros» inclusivo en el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Porque no queremos vivir en una sociedad en la que haya personas sin derechos y que, por no tenerlos, sufra la injusticia de la pobreza, la falta de vivienda, de acceso a la educación, a la sanidad y la incertidumbre y el miedo. Una sociedad en la que se les niega el derecho a trabajar legalmente y se hace la vista gorda ante la realidad del trabajo sin contrato y sin derechos. La mejor manera de defender nuestros derechos es que todos y todas los poseamos. Como advirtió Raúl Vera, obispo de Saltillo (México): «la actitud hacia los migrantes es un termómetro de lo que se puede realizar en el conjunto del país».
Si hay un «ellos» que no forma parte del «nosotros y nosotras», no son las personas migrantes sin papeles –para quienes ésta campaña pide su regularización– sino quienes se apropian del dinero público; directamente o a través de su intermediación basada en el tráfico de influencias o mediante contratos con la administración con costes sobrevalorados o beneficiando a sus sostenedores mediante la transferencia al sector privado de la sanidad, la educación, el transporte, la electricidad o las cajas de ahorros, a costa del deterioro constante del Estado social. Y quienes supeditan el interés general a la ley del máximo beneficio, aun a costa de hacer de extensas regiones del planeta un espacio inhabitable para el género humano.
Se ha iniciado una campaña para lograr 500.000 firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Congreso de los Diputados que exprese la voluntad de la sociedad de que se lleve a cabo la regularización de entre 390.000 y 470.000 personas, una tercera parte menores de edad, que se encuentran en situación irregular. Una persona por cada cien en una población de 47 millones.
La iniciativa, impulsada por el movimiento de personas migrantes #Regularización YA, cuenta con el apoyo de cientos de asociaciones entre las que se encuentran Cáritas, Oxfam Intermón, CEAR o Médicos del Mundo y una amplia representación de asociaciones de personas migrantes.
En los próximos meses se podrán encontrar en las plazas de nuestros pueblos y barrios mesas para recoger las firmas necesarias, en ellas tendrás la ocasión de dejar constancia de que la exclusión a la que se ven abocadas miles de personas por su situación de irregularidad no se lleva a cabo en tu nombre.
Germán García Marroquin y Ana Elena Altuna Larrañaga, de Ongi Etorri Errefuxiatuak
Publicado en NAIZ el 4 de abril de 2022
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